Recogida de firmas y apoyo: Defender la tierra no es delito

El próximo 26 de mayo se juzgará en Madrid a tres personas: Jorge Riechmann, Marina M. Martínez y Paco del Pozo, acusadas de “resistencia grave a la autoridad”, un delito castigado con multas o penas de prisión de tres meses a un año. Su grave resistencia consistió en evitar ser lesionadas cuando la policía deshizo la cadena humana que cortaba el tráfico de una calle de Madrid el 7 de octubre de 2019. Es, pues, una acusación falsa. Alguna de estas personas y otras catorce se enfrentarán, además, en los próximos meses, a otro proceso penal, este por la acción realizada el 6 de abril de 2022, consistente en verter un líquido biodegradable y fácil de limpiar en las columnas de la fachada del Congreso de los Diputados. En este caso, las penas solicitadas son aún más duras.

Estas dos acciones no violentas formaban parte de campañas de movilizaciones internacionales. La primera fue impulsada por la plataforma 2020 Rebelión por el Clima junto con Extinction Rebellion Spain. La segunda, por Rebelión Científica, integrada por científicos y académicos que, tras advertir durante décadas de la gravedad de la crisis ecológica, y particularmente de la mutación climática, y en vista de la inacción política, han decidido pasar a la acción.

Un país como el nuestro, que ha sufrido estos últimos años olas de incendios devastadores, creciente desertificación, sequías prolongadas y una DANA de consecuencias terribles, todo ello sin precedentes, debería ser especialmente sensible a la hora de tomar medidas ante la crisis ecológica y sus efectos ya patentes.

¿Es tan grave la situación como para que valga la pena arriesgar la libertad y el patrimonio para tratar de llamar a la acción? Sí, si damos por cierto los últimos informes del IPBES o del IPCC de las Naciones Unidas. En este último se afirmaba: “Nos enfrentamos a una catástrofe inminente; estamos sobrepasando un punto de inflexión climático irreversible sin que los Gobiernos estén actuando en consecuencia”. El propio Secretario General de la ONU, António Guterres, advertía en diciembre de 2024: “Estamos presenciando el colapso climático en tiempo real. Este camino está abocado a la ruina y tenemos que abandonarlo lo antes posible”. Y en 2025, dijo: “Los países deben encaminar al planeta hacia perspectivas más seguras, reduciendo drásticamente las emisiones y apoyando la transición a un futuro renovable”. Por su parte, en enero de 2020, el Consejo de Ministros del gobierno español había aprobado la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España.

La realidad es que ni la comunidad internacional ni nuestro gobierno están actuando de acuerdo a sus compromisos, y las causas que motivan la crisis, lejos de disminuir, siguen aumentando su impacto. En primer lugar, porque ni en la práctica ni en el discurso han abandonado la senda del crecimiento económico, que está en la base de la destrucción ecológica en curso. En el caso europeo, además, dicho crecimiento avanza a remolque del sector militar, es decir, de la destrucción de la vida. Por otro lado, incluso cuando se avanza en políticas de corte ecosocial, se reduce el problema ecológico multidimensional al factor de las emisiones, poniendo en marcha medidas ambiguas que, aunque pueden reducir emisiones localmente, suponen un empeoramiento global de la extralimitación planetaria (un ejemplo palmario de ello es el incentivo público al coche eléctrico).

Por todo ello, necesitamos más que nunca que las voces de los defensores de la tierra se hagan oír. No solo por la gravedad de la devastación ecológica y sus temibles consecuencias para la sociedad, ni tampoco por la escandalosa falta de medidas serias para la paliarla, sino porque, en un nuevo giro de la espiral, quienes recurren a la acción pacífica para llamar la atención sobre todo ello son castigados con una violencia institucional absolutamente desproporcionada. ¡Un año y nueve meses de cárcel por participar en una manifestación pacífica! Es lo que pide la Fiscalía por la acción ante el Congreso. Pero ¿hace falta recordar que la desobediencia civil no violenta es un recurso fundamental de la democracia, gracias a la cual se han conseguido algunos de los logros más nobles de nuestras sociedades? Aceptar su criminalización es aceptar el menoscabo de la soberanía popular y del derecho fundamental de oponerse pacíficamente a la injusticia.

Esta oposición pacífica es hoy más importante que nunca. El mundo se está encaminando por una senda de violencia y belicismo que aniquila a su paso pueblos, como el de Gaza, ecosistemas y, en resumen, las perspectivas de un futuro digno en este planeta vivo. Si no interponemos acciones de paz frente a la guerra, lo peor de lo que puede pasarnos ocurrirá, y de manera acelerada.

PRIMERAS FIRMAS:

Muchas gracias por dar apoyo y difusión.